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Justificación
No permitirá construcción
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 20/25 por negligencia de las autoridades de Jalisco en la búsqueda y localización de 82 personas desaparecidas, lo que ha provocado que 74 de ellas sigan desaparecidas y las ocho restantes hayan sido encontradas, pero sin vida.
Las desapariciones ocurrieron entre 2012 y 2024 en 14 municipios del estado, entre ellos Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tomatlán, Tequila, Puerto Vallarta y Zapotlanejo. Entre las autoridades señaladas están la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas (VPD) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
En dos casos la defensoría acreditó presuntas desapariciones forzadas. Una adjudicada a personal de la Comisaría de Seguridad Pública de Tomatlán y otra a la de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapotlanejo.
“Las violaciones acreditadas en esta recomendación trastocan de manera grave a los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares, por lo que se debe tener conciencia sobre lo que se debe restituir, ya que, ante una violación grave a los derechos humanos, la restitución siempre será insuficiente considerando el cúmulo de derechos incorpóreos que se afectan cuando una persona es desaparecida, pero que, además, pierde la vida. El Estado debe entonces manifestar y materializar su mayor esfuerzo para prevenir, reparar y sancionar el daño sufrido por las víctimas y sus familias”, mencionó la CEDHJ.
En el documento la comisión hizo peticiones a la Fiscalía del Estado, al IJCF y a los ayuntamientos de Tomatlán y Zapotlanejo. Estas incluyen que se inscriba a las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas y en el Registro Nacional de Víctimas.
También les pide que den vista al Órgano Interno de Control o autoridad correspondiente de cada una de las autoridades señaladas para que determinen qué servidores públicos deben ser sujetos de responsabilidad por la prestación indebida del servicio público, por actos u omisiones que haya causado la negativa, suspensión, retraso o deficiencia de sus obligaciones en afectación a los derechos humanos de la población.
También solicitó que implementen o, en su caso, intensifiquen en su página oficial de internet, así como en sus diversas redes sociales institucionales, campañas en contra de la desaparición de personas.
Un ex funcionario de la Policía de Casimiro Castillo fue sentenciado a 50 años de prisión por su participación en un caso de desaparición forzada agravada que culminó con la muerte de la víctima.
Jesús N, quien se desempeñaba como subdirector de la corporación, fue hallado penalmente responsable de ordenar y participar en la privación ilegal de la libertad de un hombre en 2020.
Según las investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, la víctima fue detenida de forma arbitraria por policías municipales y entregada posteriormente a un grupo delictivo que lo agredió brutalmente.
Aunque la víctima fue liberada y trasladada a recibir atención médica, falleció horas después a causa de las lesiones.
El tribunal que llevó el caso dictó sentencia este 31 de julio a Jesús, así como el pago de una multa y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante el mismo periodo. Héctor Ruiz
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