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Rezago
Mejor restar
Para los jaliscienses, en la puntita del pináculo de la percepción de corrupción están, primero, los agentes de la Policía Vial. El 73.17 por ciento los considera corruptos. Que si madrugan para de lunes a viernes dirigir el contraflujo en la avenida López Mateos, que si está lloviendo y con sus gabanes amarillos continúan intentando poner orden a la circulación vehicular cuando fallan los semáforos, que si se presentan en sitios de desastres para apoyar en las tareas, que si… No, no, no. Todo eso se viene abajo cuando se les evalúa, como se advierte en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 del Inegi.
Con 67.69 por ciento les siguen en cuanto a percepción de corruptos los jueces, a los que quizá ni la reforma judicial les quitará el estigma, porque “el pueblo bueno” (morenistas dixit) sabe de muuuchas trácalas que se cometen en los juzgados. Y el tercer lugar del podio lo ocupan las policías municipales, con 62.5. Si se aplicara en las colonias populares la encuesta, los adolescentes y jóvenes les pondrían mayor porcentaje. Aunque tal vez tendrían que tranquilizarse un poco, porque una cuarta parte de la población no considera la corrupción como un problema preocupante. ¿Ya la normalizó?
Se requiere un presupuesto de 353.4 millones de pesos para sacar adelante las 14 acciones ur-gen-tes sobre la búsqueda, identificación y atención de las víctimas indirectas de las desapariciones en Jalisco, como planteó ayer la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionado en Materia de Desaparición de Personas, durante la mesa de trabajo organizada en el Congreso del Estado sobre el “Anexo Transversal de Personas Desaparecidas” del presupuesto de egresos.
Son recursos que fortalecerían el trabajo de las dependencias relacionadas con el tema, como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la vicefiscalía. Añadamos lo que con conocimiento demandan los colectivos de familias con desaparecidos y las buscadoras, como la instalación y funcionamiento de más videocámaras del C5. Los recursos solicitados son menores a lo previsto por los tres niveles de gobierno para el Mundial 2026 en Jalisco.
Si nos atenemos a las numerosas sanciones que una y otra vez impuso el Instituto de Transparencia (Itei) a omisos presidentes municipales, ex alcaldes y responsables de las unidades de transparencia en gobiernos locales, más vale que el gobierno del estado afine muy bien el recién iniciado programa de capacitaciones dirigido a los 125 municipios.
Ya no será el Itei el sancionador, luego de que está por desaparecer, pero hay nuevas obligaciones para los municipios tras la reforma en transparencia. De ahí que sea necesario que los alumnos atiendan el exhorto de Marco Antonio Cervera Delgadillo, coordinador general de Transparencia: “Existen los recursos, se pueden presentar las sanciones, no suelten los temas, no dejen de publicar información, no dejen de responder en tiempo y forma, no dejen de ser proactivos”. ¿Ok?
La Fiscalía del Estado ha cateado oficinas, asegurado 340 unidades habitacionales y dos áreas comunes, y dos empresas fachadas durante las investigaciones por el fraude relacionado a la Villa Panamericana. Hay al menos 46 personas y 31 empresas involucradas. Uf.
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