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Jueces nuevos renunciando
Porque nos la quitaron
Se ha cumplido un mes desde que un colectivo de madres buscadoras encontró el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Desde entonces, los gobiernos estatal y federal se han esforzado por imponer en los medios el término “campo de entrenamiento”, evitando a toda costa la palabra que verdaderamente define ese hallazgo: exterminio.
Fotografías, videos, las primeras declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero que confesaban el hallazgo de restos humanos; incluso, el reportaje de El País que documenta la presencia de cenizas y humo días antes del descubrimiento. Nada ha bastado frente a la consigna de intentar diluir la realidad.
Pero más allá de este lamentable caso, en Jalisco el exterminio está frente a nuestros ojos.
No sólo en fosas o ranchos. Está en la violencia que recae, una y otra vez, sobre quienes defienden causas sociales y ambientales. Son asesinatos que muchas veces pasan como crímenes comunes, pero que en el fondo forman parte de una violencia estructural.
A continuación, menciono a algunas de estas personas, no como una estadística más, sino como un ejercicio de memoria y resistencia.
Teresa González Murillo
El caso más reciente es el de Teresita, líder de comerciantes ambulantes en Guadalajara e integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. Buscaba a su hermano Jaime, desaparecido en septiembre de 2024. El 27 de marzo de 2025, tres hombres armados irrumpieron en su casa en la colonia San Marcos para intentar secuestrarla. Al resistirse, le dispararon en el rostro. Murió días después. La Fiscalía sugirió que pudo tratarse de un robo, pero el colectivo al que pertenecía denunció amenazas previas del crimen organizado y conflictos con autoridades locales.
Rosendo González Torres y Estanislao González Carrillo
Rosendo, marakame de la comunidad wixárika en San Andrés Cohamiata, Mezquitic, fue asesinado junto a su nieto Estanislao, de 17 años. Ambos fueron sacados a la fuerza de su hogar el 6 de enero de 2022 y hallados sin vida al día siguiente. Tenían signos de tortura. Rosendo defendía el territorio de sus ancestros, sitios sagrados wixárikas amenazados por la industria minera y la ganadería intensiva.
Verónica Patricia Guerrero Vinueza
Abogada y activista ambiental, lideraba el Colectivo de Vecinos Urbi Quinta en Tonalá, enfrentando la operación irregular del basurero de Matatlán. Fue una activista cuyos actos de resistencia iban desde entregar volantes en los cruceros, hasta organizar a sus vecinos para manifestarse en las calles. El 3 de febrero de 2022 fue asesinada a balazos en su vehículo. Había recibido amenazas. Otro caso impune.
Abraham Alejandro Gobel Gómez
Crítico del programa de verificación vehicular en Jalisco, lo consideraba una política recaudatoria. El 3 de noviembre de 2024 fue asesinado en Tlaquepaque tras acudir a mostrar una motocicleta en venta. Según la Fiscalía, fue atacado por supuestos compradores que intentaron robarle el vehículo. Lo cierto es que alguien lo citó en ese lugar para emboscarlo.
El exterminio en Jalisco no comienza ni termina en el Rancho Izaguirre. Está en la eliminación sistemática de voces que incomodan, de personas que luchan. Aquí, frente a tus ojos, los defensores de derechos humanos están al acecho.
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jl/I