Presunta violencia vs. menores con autismo

El Colectivo Nacional de Cuidadoras en Resistencia denunció públicamente al Instituto Neki, escuela privada de educación especial para la primera infancia, por presuntos actos de maltrato infantil y posibles hechos constitutivos de tortura contra menores con condición del espectro autista.

La organización indicó que más de una decena de familias reportaron haber sido afectadas, seis de ellas representadas legalmente por el colectivo. Durante una transmisión pública, las voceras señalaron que desde junio pasado se conocieron testimonios de familias cuyos hijos habrían sido sometidos a métodos de “control emocional” que incluyen inmovilización física, envoltura en plásticos con riesgo de asfixia, aislamiento en cuartos oscuros y golpes, lo que calificaron como “crueldad sistemática” y no simples actos de disciplina.

El colectivo denunció que, a pesar de haber presentado acciones legales y que existe una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía Estatal, la Secretaría de Educación Jalisco no se ha comunicado con las familias para informar avances ni ofrecer medidas de reparación.

Asimismo, subrayaron que los testimonios de los menores no han sido considerados debido a que muchos de ellos son no verbales, situación que, según las familias, ha derivado en la falta de diligencia para recopilar pruebas médicas y psicológicas que confirmen las lesiones.

De igual manera, se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) solicitando la emisión urgente de medidas cautelares que protejan la vida e integridad de las familias denunciantes.

El colectivo solicita que las legisladoras Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas incluyan medidas específicas en la nueva ley de autismo que garanticen el acceso a la justicia de las personas neurodivergentes, en particular de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, piden que la Subsecretaría de Derechos Humanos incorpore de manera transversal la perspectiva de discapacidad en los procedimientos judiciales, para asegurar procesos inclusivos y sensibles a las necesidades de esta población.

De igual forma, exigen que las autoridades educativas atiendan la petición de establecer una mesa de trabajo orientada al acceso a la justicia, la verdad y la reparación, que contemple sanciones y medidas de no repetición en favor de los menores y sus familias.

Finalmente, llaman a la Fiscalía General de Justicia a realizar todas las diligencias necesarias para que se practiquen e integren a la investigación penal las pruebas que puedan respaldar la experiencia de maltrato denunciada.

GR