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Si algo han aprendido funcionarios públicos de Movimiento Ciudadano es a honrar el principio de que el único error es vivir fuera del presupuesto. Y como botón de muestra está el caso de la ex presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, quien desde la primera quincena de junio cobra por honorarios en la Secretaría de Administración (SA) el nada despreciable salario mensual de casi 78 mil pesos.
No sabemos qué hace, ni en qué área, porque a pesar de que los contratos por honorarios son información fundamental y la SA cumple con esta obligación de publicarlos, no lo hace en el caso de la también ex diputada federal, cuyo contrato… no aparece por ningún lado.
El que anda muy preocupado, pero solo en los últimos días, es el secretario general del Congreso del Estado, Eduardo Lomelí, porque ya se pidió su cabeza en la Junta de Coordinación Política. Resulta que este órgano del Poder Legislativo, donde están los coordinadores parlamentarios, acordó que sería hasta el regreso de vacaciones cuando revisaría el tema de las plazas vacantes. Pero el secretario decidió madrugarlos y, en un acuerdo con la presidenta de la Comisión de Administración, Monserrat Pérez, aprobaron el 25 de julio, último día previo a las vacaciones, repartir las plazas y además entregar al sindicato oficial, por adelantado, más de un millón de pesos.
Los coordinadores parlamentarios, incluido el de Movimiento Ciudadano, se enteraron hasta que volvieron de vacaciones y no les gustó nada el madruguete. Así que esta semana podría definirse la suerte de Lomelí, quien se asegura fue artífice de la jugada, para lo cual fue personalmente a la oficina de cada integrante de la Comisión de Administración con su propuesta de reparto de plazas.
Además, porque el 13 de agosto se concedió la suspensión al Sindicato Independiente, que promovió un amparo para que no se entregara el millón al sindicato oficial. Ese mismo día Lomelí hizo las transferencias. El problema es que, si esto significa desacato, además de Lomelí y Monserrat Pérez, también sería responsable la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Arizmendi…
Para el Itei la transparencia es algo que puede esperar. No hay prisa, pues, y ni idea tiene de lo que significa expedita. Resulta que apenas este 13 de agosto resolvieron que la Secretaría de Cultura no estaba obligada a informar dónde estaba la escultura de Timo, Big Big Steps, por la que el gobierno de Enrique Alfaro pagó 4.3 mdp y que durante varios meses no aparecía. En una solicitud de información, la Secretaría había respondido que estaba en los patios de la empresa de flete, sin detallar el lugar. Esa solicitud se hizo el 28 de agosto de 2024 y, casi al cumplirse el primer aniversario, el Itei considera que con esa información era suficiente.
Lo bueno es que la escultura ya fue instalada en la Glorieta de la Normal. Así de eficiente el organismo que, una vez más, demuestra que podría ser prescindible.
La diputada Tonantzin Cárdenas recuerda que el, por una inmobiliaria, tan ansiado predio del bosque Colomos, “es parte del radio de protección del manantial Los Barrenos, que alimenta al Siapa y al acuífero de Atemajac”. ¿El Siapa ya metió pleito jurídico para defender Colomos? Eeeeeyyyyy…
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jl/I