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Jueces nuevos renunciando
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El ecosistema de atención a las adicciones en Guadalajara enfrenta un escenario de tensiones entre saberes científicos y comunitarios, precariedad laboral y riesgos derivados de la violencia territorial, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que revela brechas en la formación y gestión del conocimiento de las organizaciones civiles que atienden el consumo problemático de drogas, al tiempo que propone rutas para fortalecer la colaboración y la seguridad en este ámbito.
El trabajo, titulado Fomento del aprendizaje de capacidades en la atención en drogas en Guadalajara, México, y publicado este mes, fue elaborado con la participación de 100 líderes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) dedicadas a la prevención, tratamiento e integración social de personas con consumo problemático de drogas.
Uno de los principales hallazgos fue la brecha entre la evidencia científica y los saberes comunitarios. Aunque existen programas nacionales orientados a articular sectores, el 70 por ciento de los actores entrevistados expresó reservas hacia la investigación académica, pues considera que no responde a las narrativas y experiencias de sus comunidades.
El estudio también señala una formación fragmentada del talento humano. Mientras algunos consejeros confían plenamente en manuales internacionales, otros privilegian aprendizajes in situ y redes de cooperación propias. La ausencia de proyectos educativos de “conocimiento profundo” y de nodos locales de entrenamiento limita la consolidación de capacidades sostenibles en el AMG, según el trabajo.
El contexto de violencia territorial añade otro desafío. Muchas OSC operan bajo riesgos constantes debido a amenazas de grupos criminales, lo que genera desgaste físico y mental en el personal. A esto se suma la precariedad laboral, que afecta tanto la estabilidad de los equipos como la calidad de los programas implementados.
Otro aspecto preocupante es la legitimación de prácticas sin sustento científico. Algunas certificaciones oficiales han fortalecido liderazgos que reproducen métodos contrarios a la evidencia, lo cual ha derivado en recaídas de usuarios e incluso en vínculos con actividades ilícitas.
Pese a estas dificultades, las OSC continúan cubriendo los vacíos dejados por las políticas estatales, aunque con recursos limitados. Su papel resulta clave para atender la creciente demanda de servicios en materia de adicciones.
Finalmente, el estudio propone fomentar un diálogo participativo que integre saberes científicos y comunitarios, modificar los modelos de capacitación hacia esquemas que promuevan la circulación real del conocimiento, y crear rutas de colaboración interinstitucional enfocadas en la prevención de violencias.
jl/I