Once años: Ayotzinapa

Once años, 128 conmemoraciones y una incuantificable cantidad de acciones por todo México y en varios países del mundo han sido insuficientes para que el Estado mexicano esclarezca y haga justicia en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La justicia y la verdad, por lo visto, no está ligada a los cambios en los poderes estatales.

De hecho, el Poder Legislativo parece haberse olvidado de los normalistas. El Judicial, por vez primera en la historia, está a punto de ser electo, así que más adelante sabremos si, con ello, por fin, en México nos acercamos un poco lo que dice la teoría que es el Estado de derecho.

La digna resistencia de las madres y padres de los estudiantes ha logrado que el caso siga vigente. Y es que, como ellos dicen, “el amor a un hijo no tiene fecha de caducidad”. Y tampoco tiene precio. Ante ello, las típicas políticas del desgaste, la cooptación y la división, intentadas por los gobiernos han fracasado en su aspiración de llevar al olvido este crimen.

El gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó todos sus recursos para encubrir este crimen de Estado. Con ese fin construyo la endeble teoría de la “verdad histórica”, misma que fue desarticulada y exhibida por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI).

La llegada de AMLO a la Presidencia de la República, así como sus promesas al respecto, hizo renacer las esperanzas entre las madres y padres de que habría verdad y justicia. Al final no solo no se logró, sino que terminó confrontado con ellas y ellos, con sus abogados y, en general, con los defensores de derechos humanos. Fortaleció la muralla verde olivo del Ejército y lo mantuvo intocable. AMLO no se adhirió a la “verdad histórica” pero igual terminó su gestión dejando este pendiente.

Las madres y padres, como corresponde, no cejan en sus demandas. Con Claudia Sheinbaum llevan tres reuniones sin lograr avances significativos. Ellos insisten en que les entregue los 800 folios en poder de la Sedena. Están convencidos de que en ellos hay información que inculpa al Ejército. Se siguen negando. También piden el regreso al país del GIEI para que dé continuidad a sus indagaciones.

Han agregado a sus demandas la remoción de Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial para el caso. Lo consideran corrupto, no digno de su confianza e incompetente. Y para confirmar tal incapacidad, este sujeto, el día de la tercera reunión con Claudia, declaró que lo que buscan son los cadáveres de los estudiantes. Los padres han insistido desde siempre que los buscan y los quieren vivos. Estas diferencias son las que hacen tensa la relación y el diálogo.

Después de la tercera reunión con Claudia, las madres y los padres dijeron mantener su confianza en ella porque ha mostrado disposición y esperan avanzar. Claudia, por su parte, consideró que lo dicho por Gómez Piedra fue “desafortunado” y que analizaran la necesidad de su remoción. Se puede pensar que los días de este fiscal están contados. Quizá su salida coincida con los resultados de la elección del Poder Judicial.

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