Almaguer, confiado en que aprueben iniciativa en el Congreso

La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa para reconocer a las familias de personas desaparecidas como grupo vulnerable, lo que abre la puerta a su discusión en primera y segunda lectura en el pleno. El diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, impulsor de la propuesta junto con Héctor Flores, secretario del colectivo Luz de Esperanza, confió en que será aprobada por una amplia mayoría.

La iniciativa busca brindar una atención integral a los familiares, no solo con acompañamiento psicológico, sino también con recursos materiales que les permitan enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la desaparición de un ser querido. “En la mayoría de los casos, quien desaparece es el sustento de la casa. Por eso se necesitan apoyos que garanticen educación para los niños, empleo para los adultos y condiciones que permitan reconstruir el tejido social”, explicó Almaguer.

De acuerdo con cifras oficiales, en Jalisco hay entre 15 mil y 18 mil personas desaparecidas. Esto significa que entre 120 mil y 150 mil familiares viven directamente esta realidad dolorosa. Para atenderlos, se plantea la creación de un registro que permita dimensionar el impacto y focalizar los apoyos.

El legislador señaló que la iniciativa surge de las exigencias de colectivos y familias, y no responde a intereses partidistas. Asimismo, criticó los trámites burocráticos que enfrentan las víctimas, pues los calificó como procesos diseñados para que la gente desista de exigir justicia. “La semana pasada se anunció que el Fiscal estatal daría una disculpa pública, pero no fue ni disculpa, ni pública”, reprochó.

Almaguer consideró que, tras el visto bueno en comisiones, la propuesta no tendría por qué estancarse en el pleno. “Si hay congruencia y coherencia con lo que hemos visto, tendría que aprobarse. Lo único que no sabemos es qué indicaciones reciben los legisladores”, advirtió.

De aprobarse, Jalisco sería una de las primeras entidades en reconocer a las familias de desaparecidos como grupo vulnerable, con un marco legal que obligaría al Estado a asumir su responsabilidad en la atención integral.

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