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Antes del amparo
No permitirá construcción
La Fiscalía del Estado de Jalisco inspeccionó 100 centros de rehabilitación, conocidos como anexos, en más de 20 municipios, localizando a 12 personas reportadas como desaparecidas, asegurando cinco inmuebles y cumpliendo el mismo número de órdenes de aprehensión. Los operativos, realizados entre el 6 de diciembre de 2024 y el 27 de agosto de 2025, han atendido a cerca de mil 500 personas internas, a quienes se les informó sobre sus derechos y las acciones a seguir en caso de ser víctimas de algún delito. A través de sus Vicefiscalías en Investigación Especializada en Concertación Social, Investigación Regional y Personas Desaparecidas, la Fiscalía ha trabajado de manera conjunta y por separado, en coordinación con autoridades estatales y municipales, para garantizar la legalidad y procurar justicia al interior de estos establecimientos. Entre las órdenes de aprehensión cumplimentadas, se logró poner a disposición de las autoridades a 12 personas por delitos que incluyen homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones, violación, fraude y robo. La estrategia ha contado también con la participación de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y de inspectores municipales, con el objetivo de atender las problemáticas de los centros de rehabilitación y asegurar que operen conforme a la ley. Los operativos más recientes se llevaron a cabo los días 26 y 27 de agosto en Guadalajara y Zapopan. En la colonia Las Conchas, Guadalajara, un establecimiento fue clausurado por carecer de licencias municipales, permitiendo que 29 personas internas fueran reintegradas a sus familias. Mientras tanto, en la colonia Mesa de los Ocotes, Zapopan, un centro fue clausurado por irregularidades, incluida la falta de licencia municipal, y 51 personas fueron devueltas a sus familiares, luego de que una denuncia anónima por presunto maltrato no fuera comprobada. Con estas acciones, la Fiscalía del Estado busca proteger a las personas que acuden a los centros de rehabilitación, garantizar que los establecimientos operen legalmente y atender casos de delitos graves, desapariciones e irregularidades administrativas.
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