Orden ejecutiva para migrantes es un alivio, pero no la solución

En un contexto político electoral polarizado, la Casa Blanca anunció una nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden para ofrecer la regularización a poco más de 500 mil personas indocumentadas en ese país. Si bien la medida es un alivio para miles de familias que reúnan los requisitos previstos para formalizar su estatus migratorio, en definitiva, no es una solución efectiva ni siquiera suficiente. Así lo han expresado las organizaciones de la sociedad civil y algunos liderazgos que atienden y orientan a las personas migrantes en México y los Estados Unidos de Norteamérica.

Los migrantes en cualquier parte, en Estados Unidos y México, son moneda de cambio y un elemento más para inclinar la balanza en una contienda político-electoral, reconoció Elvia Yolanda Martínez, diputada federal migrante, al evaluar el alcance de esta nueva orden ejecutiva que se espera beneficie a los cónyuges de ciudadanos norteamericanos y a los soñadores con un título universitario y cuenten con un patrocinador para una visa profesional.

Técnicamente muchas personas migrantes podrían aspirar a entrar en esas categorías para obtener la regularización, pero otras muchas no serán elegibles puesto que con un solo registro policial por una falta al reglamento de tránsito; por conducir bajo el influjo del alcohol o por un reporte por violencia doméstica, por ejemplo, les descartará en automático para aspirar a la residencia legal permanente y en un futuro obtener la ciudadanía.

Lo más desconcertante para muchas personas migrantes indocumentadas es que, hasta ahora, no hay un plan B para quienes no reúnan tales requisitos. ¿Los jóvenes soñadores se quedarán sin un estatus legal migratorio? ¿Qué pasará con ellas y ellos? Incierto es también el contexto político-electoral y los efectos que esta medida podrá tener en el futuro inmediato en Estados Unidos, pero también en México.

Acá tampoco está clara cuál es nuestra política migratoria; además estamos en un proceso de transición entre un gobierno saliente que es indolente a la crisis humanitaria que viven las personas en contexto de movilidad por nuestro país, que no ha sido capaz de esclarecer el crimen en el que 40 migrantes perdieron la vida en la estación migratoria en Juárez; ni ofrecer justicia.

Es igualmente incierto lo que podría ocurrir en nuestro país, para recibir y atender a las personas migrantes nacionales o internacionales que eventualmente podrían ser deportadas en caso de no ser candidatas a la regularización del presidente Biden, migrantes que se sumarán a los miles que están llegando a las fronteras sur y norte, en su intento por llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy no se alcanzan a identificar las alianzas humanitarias entre las naciones involucradas en la región para negociar de manera diplomática y fortalecer sus políticas internas domésticas para reducir, en lo posible, la movilidad humana. Tampoco para generar los acuerdos, voluntades, capacidades y recursos necesarios para atender la crisis humanitaria que ya vivimos. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar?

X: @claudiaacn

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