Entre cifras y abandono

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esta fecha es más que simbólica: obliga a mirar estadísticas, políticas públicas y realidades invisibilizadas, especialmente en nuestro país. En México, y de manera particular en Jalisco, las cifras muestran progresos limitado y vacíos estructurales.

Entre 2020 y 2021, México experimentó un crecimiento de 67.3 por ciento en víctimas de trata de personas, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En ese mismo periodo, los casos con fines de explotación sexual incrementaron de 982 a mil 305, es decir, un alza de aproximadamente 32.8 por ciento. Otras modalidades como el trabajo forzado subieron 175.3; mendicidad forzada, 47. Además, del total de víctimas identificadas entre 2015 hasta junio de 2023, al menos 2 mil 240 eran niñas, niños y adolescentes, de un total de 6 mil 615 víctimas. Durante 2023, las autoridades registraron cerca de 700 casos de trata de personas a nivel nacional; no obstante, se estima que la gran mayoría permanecen en la oscuridad, sin ser denunciados ni visibilizados por el sistema de justicia.

Jalisco, uno de los estados más poblados y con dinamismo turístico-económico para México, evidencia una desconexión entre la realidad y los registros oficiales. En los primeros cinco meses de 2025, sólo un caso oficial de trata de personas fue registrado por las autoridades, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, la Asociación Civil Fin de la Esclavitud advierte que hay 146 reportes ciudadanizados y alerta que por cada víctima reconocida podrían existir al menos 20 ocultas. 

En 2022 se firmó un convenio entre poderes del estado y municipios clave como Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala, junto con una organización internacional, para prevenir la trata infantil, establecer unidades de investigación especializadas y revisar sanciones legales. A pesar de estas acciones, reportes señalan que la trata en Jalisco “no se castiga”; por ejemplo, en 2018 no existen sanciones comprobadas. Esta impunidad alimenta la idea de que el delito se mantiene oculto, tolerado o simplemente ignorado institucionalmente.

El impacto de la trata de personas recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, quienes representan la mayoría de las víctimas en México y particularmente en Jalisco. De acuerdo con datos de la UNODC, más de 70 por ciento de las víctimas identificadas a nivel nacional son mujeres y niñas, muchas de ellas captadas mediante engaños, promesas laborales falsas o violencia directa.

En Jalisco, esta problemática se agrava por la normalización de la violencia de género, la precariedad económica y la falta de rutas seguras para denunciar. Las mujeres jóvenes, en especial aquellas en situación de pobreza o con antecedentes de violencia familiar, son blanco frecuente de redes de trata, que operan tanto en zonas urbanas como rurales.

Además, la revictimización institucional, la impunidad y la falta de refugios especializados perpetúan el ciclo de explotación. La ausencia de políticas públicas con enfoque de género, sumada a la falta de coordinación entre autoridades locales y federales, profundiza la vulnerabilidad estructural de las mujeres frente a este delito.

*Doctora en Derecho

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