Huachicol fiscal

El reciente anuncio del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, respecto a la detención de 14 personas involucradas en una red de huachicol fiscal, marca un nuevo hito en la identificación de este tipo de ilícito. La red, que presuntamente operaba en el estado de Tamaulipas y otras entidades, incluye a empresarios, marinos en activo, un marino retirado y ex funcionarios de aduanas. Este caso evidencia la macrocriminalidad existente y con ello los intereses ilícitos en diversos niveles del Estado, lo que obliga a analizar tanto las causas del fenómeno como sus consecuencias regionales, particularmente en estados clave como Jalisco.

El huachicol fiscal, a diferencia del robo directo de combustible a ductos, implica la evasión de impuestos mediante el contrabando o subdeclaración de hidrocarburos importados, lo que permite su venta a precios más bajos en el mercado nacional. Esta práctica no solo representa una pérdida millonaria para el erario –se estima que el SAT pierde cientos de millones de pesos anualmente por este tipo de fraude–, sino que también distorsiona el mercado energético y fortalece a grupos criminales con estructuras financieras paralelas.

En este sentido, el involucramiento de marinos y ex funcionarios de aduanas resulta alarmante. Las aduanas mexicanas han sido señaladas repetidamente como focos de corrupción sistémica, lo que confirma que, lejos de ser puntos de control, son nodos clave propicios que facilitan las acciones de la delincuencia organizada. El uso de instituciones del Estado para proteger o facilitar actividades ilícitas no solo socava la confianza ciudadana en las autoridades, sino que compromete seriamente el Estado de derecho.

Ahora bien, aunque la investigación se concentra en Tamaulipas, sus implicaciones llegan mucho más lejos. Jalisco, por su posición geográfica y económica, está directamente expuesto al impacto de estas redes criminales. El estado es un punto estratégico para la distribución de hidrocarburos y productos importados, con infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria clave para el comercio nacional. Además, Jalisco ha sido identificado como uno de los estados donde el huachicol ha mutado hacia esquemas más sofisticados, incluyendo el contrabando fiscal.

El debilitamiento de los controles fiscales y aduanales permite el acceso al combustible ilegal que, en muchos casos, es comercializado a través de estaciones de servicio aparentemente legales. Esto no solo afecta a los empresarios que operan en la legalidad –generando competencia desleal–, sino que favorece al afianzamiento de economías criminales que infiltran sectores formales y lavan dinero mediante empresas fantasma.

Por otra parte, este fenómeno nutre dinámicas de violencia, ya que los grupos delictivos que se benefician del huachicol suelen diversificar sus operaciones hacia otras actividades como la extorsión, homicidio doloso, desaparición de personas, entre otros. En Jalisco, donde operan cárteles con alto poder de fuego y sofisticación logística, estos ingresos alternos representan una fuente fundamental de financiamiento.

El caso revelado por García Harfuch no debe verse como un hecho aislado, sino como una muestra de la complejidad del crimen organizado en México. Jalisco, por su relevancia económica y geoestratégica, está en el centro de estos fenómenos y se necesita una respuesta integral que incluya inteligencia financiera, depuración institucional y coordinación intergubernamental efectiva. Solo así se podrá romper la tríada de corrupción, impunidad y crimen organizado.

*Doctora en Derecho

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