Tramitología crónica

Uno de los requisitos que establecen los empleos, particularmente el servicio público, es la presentación de la carta de no antecedentes penales, que en teoría ayuda a conocer si la persona aspirante al empleo cuenta con una sentencia firme en la que se le haya condenado a una pena privativa de la libertad por un delito cometido, esto solo en la entidad federativa en la que pretende acceder a un empleo, este documento en Jalisco es expedido por el Instituto Jalisciense de ciencia Forenses (IJCF).

Ante esto existen varios tópicos a analizar. Lo primero es que la constancia de no antecedentes penales solo arroja información relativa a antecedentes penales cuando exista una sentencia condenatoria, lo que implica que si una persona estuvo o se encuentra sujeta a un proceso penal por cualquier delito esto no se verá reflejado en dicha constancia; como sabemos, en México la impunidad es un fenómeno complejo derivado de factores como la ineficiencia de las fiscalías y del propio Poder Judicial, además de la falta de incentivos para presentar denuncias de las víctimas de un delito, ante ello recordemos que solo 2 por ciento de los delitos se sancionan.

Otro aspecto que considerar es el mecanismo para obtener esta constancia. Existen dos vías en Jalisco, uno que corresponde acudir a uno de los nueve módulos que existen en zona metropolitana, aunque aparentemente es un número suficiente, lo real es que en la Zona Metropolitana de Guadalajara se compone de 10 municipios, solo en 2020 concentraba 5 millones 268 mil 642 habitantes, de los cuales 2 millones 684 mil 675 (51.0 por ciento) son mujeres y 2 millones 583 mil 967 (49.0 por ciento) hombres, ante este panorama resulta insuficiente la infraestructura del IJCF considerando que en cada módulo atienden una o dos personas servidoras públicas para dar este servicio.

Al realizar una visita a los módulos ubicados en Terraza Belenes encontramos una fila de aproximadamente 80 personas, lo que llevaría cerca de tres horas para llegar a ventanilla, esto con dos personas atendiendo a las y los usuarios. En el caso de Las Águilas solo se encontraba una persona servidora pública otorgando el servicio; ya había recogido credenciales del INE y no estaba dispuesta a recoger más ya que eran las 14 horas, ahí se encontraban aproximadamente 30 personas; en el caso de Palacio Federal, no permitieron el ingreso ya que solo se otorgan 80 fichas por la mañana y ya no se atiende a nadie más, la experiencia fue desgastante, porque aunque hay el trámite en línea, esta alternativa solo es para personas que han solicitado de manera reciente la constancia de manera personal.

Este tipo de dinámicas administrativas y burocráticas nos permite reflexionar si este documento debe considerarse como un requisito para acceder a un empleo lo que puede resultar incluso discriminatorio y violatorio de derechos humanos, para quienes ya cumplieron su condena se sujetaron a un proceso de reinserción social pero aun así no pueden acceder a este documento porque además hay que realizar otro trámite que es la cancelación de los antecedentes penales.

El resultado de la experiencia, un suplicio tramitológico crónico, burocrático y desgastante en tiempo, dinero y esfuerzo.

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