Jalisco: donde la esperanza cava con las manos

Por mucho tiempo, la desaparición forzada fue una herramienta de represión usada por dictaduras. Hoy, en México, se ha normalizado la violencia sistemática y estructural que no distingue entre gobierno y delincuencia organizada. Con más de 125 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales, el país se encuentra inmerso en una crisis de derechos humanos sin precedentes. La búsqueda, que debe ser una función pública prioritaria del estado, está siendo sostenida por colectivos ciudadanos, encabezados en su mayoría por mujeres.

En este contexto, Jalisco representa el centro de la tragedia. Con más de 15 mil 500 personas desaparecidas, lidera las cifras nacionales. Las instituciones vinculadas con la seguridad y procuración de justicia son señaladas por omisiones, negligencia e incluso complicidad. Tan solo en 2022 se reportaron 2 mil 217 desapariciones nuevas, lo que refleja una tendencia ascendente, no contenida ni explicada por la actual administración estatal.

Ante la falta de capacidad institucional, técnica y operativa del estado, han surgido decenas de colectivos que no solo buscan a sus desaparecidos, sino que documentan, denuncian y construyen memoria. Estos grupos se han convertido en un contrapeso social y político de gran legitimidad. Su existencia pone en evidencia el colapso institucional y la deshumanización burocrática que caracteriza las instituciones relacionadas con la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Los colectivos han realizado la labor que debería hacer el estado: rastrear fosas, sistematizar información, presionar a las autoridades y generar redes de apoyo. Han encontrado cuerpos, crematorios clandestinos –como el de Rancho Izaguirre– y han enfrentado amenazas por ello. Algunos casos, como el homicidio de María del Carmen Morales, madre buscadora, evidencian el peligro de ejercer la búsqueda en un país como el nuestro, donde encontrar es igual de peligroso que desaparecer.

El pasado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, más de 300 personas marcharon en Guadalajara, desde la Glorieta de los Niños Héroes, renombrada por las y los colectivos como la Glorieta de las y los Desaparecidos, hasta el palacio de gobierno. La marcha no solo fue un acto de duelo colectivo, sino una denuncia pública. Las consignas como “¡Jalisco es una fosa!” o “¡Nos faltan miles!” no son ficciones: narran una realidad marcada por la impunidad y el dolor.

Uno de los problemas más agudos es la Comisión Estatal de Búsqueda, la cual es débil y sin personal. Sin embargo, en el periodo de 2019 y 2023 se dejaron sin ejercer 20.8 millones de pesos, específicamente destinados a la Comisión de Búsqueda los cuales fueron regresados a la Federación. Esto representó aproximadamente 14 por ciento del presupuesto recibido en ese periodo para esa instancia.

No basta con recordar. Las víctimas y sus familias exigen verdad, justicia y garantías de no repetición. Lo que sucede en Jalisco no es una anomalía: es el espejo más nítido de un país donde el dolor ha sido institucionalizado y la justicia, es solo un sueño casi inalcanzable. Sin el reconocimiento pleno de los colectivos como agentes legítimos de cambio, Jalisco seguirá enterrando, en silencio, su memoria.

[email protected]

jl/I