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Rezago
Mejor restar
En México, la violencia de género adopta formas cada vez más sofisticadas y menos visibles, como la violencia estética, una modalidad que impone a las mujeres y niñas estándares corporales inalcanzables a través de presiones sociales, mediáticas y familiares.
Esta forma de violencia ha cobrado una nueva víctima: Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que murió tras someterse a una cirugía estética de aumento de busto en el estado de Durango. El caso conmocionó al país y evidenció una problemática urgente: la normalización de intervenciones quirúrgicas en adolescentes bajo una lógica mercantil y patriarcal de la apariencia física.
El procedimiento se realizó, al parecer, con la autorización exclusiva de la madre, sin consentimiento paterno, y bajo condiciones médicas cuestionables, incluyendo la participación de personal no calificado. Esta tragedia revela una violencia estructural que combina mandatos estéticos, negligencia médica y omisiones legislativas.
La violencia estética puede definirse como cualquier forma de presión o coacción –explícita o implícita– para que las mujeres modifiquemos nuestro cuerpo con el fin de ajustarnos a cánones sociales de belleza. Estas imposiciones nos generan daños psicológicos, físicos y económicos, y en los casos más extremos, como el de Paloma, la muerte.
En estados como Jalisco, donde la industria estética y el turismo médico tienen una fuerte presencia, las regulaciones son laxas y muchas clínicas operan con escaso control sanitario. Las adolescentes y mujeres jóvenes, al estar más expuestas a los discursos corporales de las redes sociales y la publicidad, las convierte en un blanco para estas prácticas, incluso con el consentimiento de figuras parentales que también reproducen estos ideales de belleza como una regla familiar.
A nivel legal, México aún no cuenta con una legislación federal que reconozca la violencia estética como una modalidad específica dentro del marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Si bien ha habido propuestas legislativas en el Congreso de la Unión para incorporar esta figura, hasta la fecha no se ha tipificado formalmente. Algunos estados, como Guanajuato, han avanzado con reformas locales, pero la falta de homogeneidad normativa permite que prácticas como las que terminaron con la vida de Paloma sigan ocurriendo. La ausencia de regulación específica sobre procedimientos estéticos en niñas y adolescentes, el consentimiento informado sin garantías, la participación de personal no certificado y la falta de inspección regular a clínicas son síntomas de un vacío institucional.
Urge legislar de manera integral: establecer la violencia estética como una modalidad reconocida de violencia de género, prohibir cirugías estéticas en niñas y adolescentes salvo casos médicos justificados, imponer protocolos multidisciplinarios de evaluación previa, fortalecer la fiscalización de clínicas, y sancionar penalmente tanto a profesionales negligentes como a familiares que consientan procedimientos sin justificación médica.
Además, se deben implementar campañas educativas que desmantelen el ideal corporal hegemónico y promuevan la aceptación de la diversidad corporal. El cuerpo de las mujeres no debe ser un campo de batalla ni un objeto de consumo. La muerte de Paloma Nicole no puede ser tratada como un hecho aislado, sino como una consecuencia directa de un sistema que valora más la apariencia que la vida misma.
*Doctora en Derecho
[email protected]
jl/I