El silencio abrumador del CPS

La política estatal anticorrupción de Jalisco define a la corrupción como un fenómeno social complejo, incluso normalizado, en el cual existen condiciones sistemáticas de apropiación ilegítima del espacio público para propósitos privados.

Esta definición concuerda con la medición que realiza la Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad 2019-2024, que refiere que son tres las características que reflejan la percepción de la corrupción en nuestro país, ya que ocho de cada 10 personas consideraron que suceden actos de corrupción con mucha frecuencia en el país; la mitad de las encuestadas consideró que, con respecto al año anterior, la corrupción había aumentado; en promedio, una de cada 10 personas reportó que una autoridad les solicitó un soborno o mordida.

El Instituto Mexicano para la Competitividad en 2023 evaluó la percepción de corrupción estatal; en el caso de Jalisco, se ubicó en el lugar 32 de los estados a nivel nacional. Esto es evidente cuando observamos el actuar de las personas servidoras públicas, quienes en teoría deberían proteger el interés común; sin embargo, tal y como atestiguamos recientemente, el Legislativo se repartió mediante la fórmula de cuates y cuotas seis magistraturas a través del albazo legislativo, bajo las peores prácticas de opacidad, nombrando algunos perfiles sin mérito, sin capacidad ni trayectoria pública.

Ante esto, el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción guardó silencio; no hubo un pronunciamiento al respecto o alguna manifestación de inconformidad ante la captura de los cargos públicos, y esto obedece a varios factores, entre ellos que hace cuatro años fue capturado por el Poder Ejecutivo, otro a una Comisión de Selección (CS) que se ha rendido ante las presiones y ha designado como integrantes del CPS a personas afines a intereses políticos; a que la ley permite que cualquier persona, incluyendo servidores públicos brinquen de un día a otro a este ente ciudadano; a que los perfiles cada vez son menos técnicos y especializados. La consecuencia de esto es un CPS débil, con nula incidencia y lejos de ser el contrapeso que alguna vez fue.

Está por concluir el periodo de David Gómez Álvarez. Dentro de las personas inscritas al proceso de selección se advierte personal que formó parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, del Itei, algunos que ya han insistido al menos en dos ocasiones en ser designados, otros perfiles que no tienen ninguna experiencia en el combate a la corrupción. La CS debe evitar caer en la tentación de designar en la lógica de la línea de la clase política.

En el listado de personas aspirantes a formar parte del CPS llaman la atención dos perfiles que deben ser tomados en cuenta por la CS. Uno es Héctor Antuna Sánchez y el otro es Natalia Mendoza Servín; los dos cuentan con capacidad, experiencia, conocimiento y son lo más cercano a un perfil ciudadano. Incluso valdría la pena que la CS realice una acción afirmativa designando a una mujer a fin de que sean tres mujeres y dos hombres quienes conformen el CPS, dando un espacio más de visibilidad y poder de decisión a una mujer.

* Doctora en Derecho

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GR