El Santiago y la ética

Hace unos días, la presidenta de México y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales dieron a conocer el Plan Nacional Hídrico. Una de las primeras medidas del plan es sanear los cuatro grandes ríos más contaminados: Atoyac, Tula y Lerma-Santiago. Este último, localizado en Jalisco, se considera el más contaminado de América Latina.

El saneamiento del río Santiago fue prioridad en el sexenio estatal que está por terminar. De acuerdo con el gobernador de Jalisco, se invirtieron más de 7 mil millones de pesos en esta tarea. La infraestructura que queda no es menor: se restauraron o crearon 20 plantas de tratamiento, se implementó tecnología para oxigenar algunos sitios, iniciaron programas de detección temprana de enfermedad renal y programas de atención a las escuelas colindantes con el río, además de la proyección de hospitales, entre otras acciones.

Aunque el mismo gobernador reconoció que no se llegaron a sanear los 10 mil litros por segundo que contemplaba en sus metas, sí se llegó a limpiar 8 mil. El total de limpiar 12 mil litros por segundo y otras medidas están planteadas en los compromisos ya firmados entre las nuevas administraciones federal y estatal.

Aunque el saneamiento es una tarea muy relevante, investigadores y actores sociales han denunciado que no se han eliminado las causas, es decir, las que dependen de la voluntad de descargar sustancias tóxicas al río. Son desechos de hasta 400 empresas industriales nacionales y transnacionales, automotrices, farmacéuticas, alimenticias, electrónicas, petroquímicas, de ropa, zapatos, pecuarias, agroquímicas, urbanas (aguas negras), entre otras, ubicadas en el corredor industrial conocido como el Valle del Silicio Ocotlán-El Salto.

A pesar de los reportes de los daños a la salud y muerte que sufren los habitantes (humanos y no humanos) de la zona por la exposición a los niveles de contaminación biológica y química, el comportamiento irresponsable persiste. El Laboratorio de Monitoreo Ambiental y Sustentabilidad de la UdeG advierte que la zona presenta una crisis hídrica por la cantidad de bacterias patógenas; además de señalar que aún no son monitoreados contaminantes emergentes como fármacos, nanoplásticos y plaguicidas.

Hace cerca de cien años la industria instauró las descargas irresponsables como práctica permisiva y eficiente, dado que esquivan al marco legal que no cuenta con suficiente supervisión y porque no hay autoridades que estén dispuestas a enfrentar a los intereses económicos edificados.

Este año, sin embargo, se realizó un estudio en la Universidad de Guadalajara en el que se intervino a 11 empresas de la Asociación de Industriales del Salto, AC para formar un marco ético respecto de la problemática común. Aunque la iniciativa fue modesta, se llegó a comprender que este sector requiere ser atendido educativamente, de tal manera que le posibilite el acercamiento a la sociedad y a las autoridades para hacer un giro ambiental de la zona.

La educación ambiental a industriales y empresarios no parece figurar en la estrategia nacional ni estatal. Ojalá que las autoridades dejen de minimizar la tarea que tiene la formación crítica para impulsar procesos estratégicos en este problema compartido.

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