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Vallarta y Nayarit
Tentaciones
Desde el lunes un centenar de personas de la comunidad indígena otomí, proveniente del estado de Querétaro, mantiene un plantón frente al palacio de gobierno del estado para exigir un terreno y viviendas que les permitan reubicarse y garantizar la seguridad de sus familias tras un violento desalojo ocurrido el 22 de julio en Tlajomulco.
Ese hecho dejó sin hogar, según los afectados, a más de 350 familias de la comunidad otomí.
Los afectados denunciaron a NTR que la acción se realizó sin aviso previo, sin orden judicial y sin considerar la presencia de niños, adultos mayores o animales.
Vecinos señalaron que durante el operativo, realizado entre las 9 y 10 de la mañana, se utilizó maquinaria pesada para derribar casas de madera y de material, algunas habitadas desde hace más de cinco años.
Además, denunciaron agresiones físicas por parte de la Policía municipal; incluyeron golpes a adultos, intentos de ahorcamiento a una mujer y agresiones a otra embarazada, lo que puso en riesgo la vida de su bebé.
En transmisiones en vivo difundidas por redes sociales se observó a mujeres recibiendo atención médica tras las agresiones y a hombres con rostros cubiertos cargando bidones con lo que parecía ser combustible.
Posteriormente, dichos hombres supuestamente vertieron gasolina sobre viviendas y terrenos, lo que provocó incendios que destruyeron hogares, cultivos y animales.
Algunos vecinos contaban con documentos que supuestamente respaldaban la propiedad del terreno, pero estos resultaron falsos y no recibieron apoyo legal.
Denunciantes agregaron que actualmente la olicía municipal impide que regresen al lugar para reconstruir sus viviendas.
“Nos sentimos agredidos y como si no valiésemos nada”, expresó una vecina afectada que prefirió mantener el anonimato.
Hasta el momento las autoridades locales no se han pronunciado sobre el presunto uso desmedido de la fuerza durante el desalojo.
jl/I