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Vallarta y Nayarit
Tentaciones
Lo que sería un acto histórico por las primeras disculpas del gobierno de Jalisco por omisiones y violaciones a derechos humanos en la desaparición de cuatro personas en 2010, terminó siendo un trámite para cumplir con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lamentaron familiares de las víctimas.
Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Celado desaparecieron el 30 de septiembre de 2010 en los límites de Jalisco y Zacatecas, tras salir del municipio de Ahualulco de Mercado, en Jalisco.
En 2023, la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos en el proceso de búsqueda e investigación y emitió una recomendación con ocho puntos. Uno de ellos era que las fiscalías de Zacatecas y de Jalisco ofrecieran una disculpa pública. Este jueves se realizó el evento por parte de la autoridad jalisciense.
No obstante, lo que para la señora Natividad Guerrero, madre de Dalia, era una oportunidad para dignificar la lucha, se convirtió en un acto de nueva revictimización.
“Cómo es posible que no tengan la voluntad de escucharnos y realizar un evento digno para nosotras como familiares y víctimas indirectas. Qué hace falta y por qué es tan difícil que la Fiscalía reconozca sus errores y cambie sus malas prácticas, yo me pregunto”, recriminó.
La buscadora añadió: “Estas disculpas deberían dignificar la memoria de Dalia, Luis, Bernardo y Carolina; deberían marcar un antes y un después en la forma en que la Fiscalía atiende los casos de personas desaparecidas, pero no ha sido así. Pareciera que es un mero acto o trámite realizado sólo por cumplir, sin entender lo que este tipo de eventos significan para las víctimas y para nuestro camino”.
Entre los cambios que hubo en torno al evento está que se modificó tres veces su fecha; que el titular de la Fiscalía del Estado (FE), Salvador González de los Santos, no quería participar; que el gobierno de Jalisco no quería la presencia de colectivos ni familias de personas desaparecidas para evitar alguna protesta, y que las autoridades locales querían una disculpa pública, pero a puerta cerrada, añadió Guerrero.
Al final, por las presiones que ella generó, se transmitió el evento en un canal oficial del gobierno de Jalisco y se permitió que familias y prensa pudieran ingresar.
“Nunca entenderé por qué las familias incomodan tanto a la Fiscalía. Me comentaron que si el evento se volvía público se correría el riesgo de que se desvirtuara, de que alguien fuera a manifestarse de manera violenta. Con esto me doy cuenta de que parece que les da miedo que exijamos nuestros derechos y que tienen que cumplir con sus obligaciones”, recriminó.
El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, encargado de encabezar el acto, no mencionó en ningún momento de su discurso la palabra “disculpa”. Al ser cuestionado, dijo que a ello no lo obligaba la recomendación de la CNDH, sino a generar un reconocimiento de las omisiones y de las violaciones a derechos humanos y lo que hizo fue cumplir con lo que definió la comisión.
“Es un acto de reconocimiento institucional de las omisiones cometidas en aquel entonces, en 2010. Era solamente, estrictamente, responder a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hicimos ese reconocimiento”, dijo el funcionario estatal.
En el comunicado enviado por el gobierno del estado se destacó lo dicho por Zamora Zamora: “En cumplimiento a la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de (los) Derechos Humanos, el gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por violar los derechos de acceso a la justicia a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas en aquel lamentable suceso ocurrido hace 15 años”.
La Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ONU-DH) México mencionó que el acto de disculpa pública del gobierno de Jalisco hacia las familias por las omisiones y violaciones a derechos humanos en torno a las desapariciones de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Celado debe suponer compromisos adicionales.
Alán García Campos, integrante de ONU-DH, dijo en entrevista que tras la disculpa pública el gobierno de Jalisco debe ser consciente del reclamo de las familias y asumir una serie de compromisos. Los principales son la búsqueda de las personas desaparecidas y dar garantías de no repetición.
“Seguimos sin saber la suerte o paradero de las víctimas, es necesario que se refuercen las estrategias de búsqueda, localización e identificación certera; de ser el caso que ya no estén con vida, una restitución digna y garantías de no repetición”.
García Campos añadió que la disculpa pública también debe motivar el cumplimiento de los otros siete puntos de la recomendación 167/2023 emitida por la CNDH y que tienen que ver con la reparación del daño y la capacitación de los cuerpos de seguridad e investigación, además que se debe seguir en busca de justicia.
“Tiene que ser un estímulo para materializar los otros elementos contenidos en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es verdad que ya hay una persona sentenciada, no es una cuestión menor, pero sabemos que un acto de esta naturaleza supone el involucramiento y coautoría y todas las personas deben rendir cuentas”. Lauro Rodríguez
jl/I