Ayotzinapa: 11 años sin justicia ni verdad

Once años después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, la herida sigue abierta. El caso Ayotzinapa y la impunidad que ha impedido sancionar a los responsables no es un hecho aislado; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue un patrón constante de abusos de poder y violaciones a los derechos humanos, evidenciado principalmente en la fabricación de una “verdad histórica” insostenible.

El contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, declarada en 2006 por Felipe Calderón y continuada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es clave para entender lo sucedido. Una estrategia represiva de seguridad, que lejos de disminuir la violencia, multiplicó las violaciones de derechos humanos: ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas convertidas en práctica recurrente. En ese escenario de impunidad, la desaparición de los 43 normalistas fue parte de una política punitiva y de complicidad con grupos delincuenciales que colocó a la población civil en condición de vulnerabilidad extrema frente a los abusos de poder.

A pesar de la participación internacional del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), que trazó nuevas líneas de investigación y colocó en el centro a las víctimas; de la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; y de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador –instancias que finalmente reconocieron el caso como desaparición forzada y crimen de Estado–, al día de hoy los normalistas siguen desaparecidos.

No es suficiente que existan algunas detenciones: uno de los principales responsables, Tomás Zerón, continúa prófugo de la justicia en Israel; los expedientes permanecen fragmentados, lo que genera una diversidad de criterios en las resoluciones del caso. A ello se suma la falta de entrega completa de los archivos solicitados a la Secretaría de la Defensa Nacional y la actuación de funcionarios judiciales como el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas que en 2022 exoneró a José Luis Abarca de su responsabilidad por la desaparición de los normalistas y dictó más de 120 libertades absolutorias para personas imputadas por los crímenes de Iguala.

Las familias de los normalistas han sostenido la exigencia de la búsqueda de sus hijos con gran dignidad, reiteran que el compromiso con la verdad y la justicia debe traducirse en acciones. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el caso Ayotzinapa es una prioridad de Estado, hace falta acceso completo a la información en resguardo militar, unificación de la investigación judicial que permanece dispersa y trazar una nueva ruta de trabajo de manera conjunta con las familias.

Con más de 133 mil personas desaparecidas en el país, Ayotzinapa nos recuerda que la desaparición es un grave problema social que demanda acciones y respuestas urgentes. La memoria, justicia y verdad son derechos irrenunciables y condiciones necesarias para que la sociedad pueda exigir sanciones por los crímenes de lesa humanidad y demande garantías de no repetición ante hechos tan dolorosos.

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