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Se resisten
Aguascalientes
La Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, con más de 50 años de existencia y una labor reconocida en favor de personas con discapacidad visual, solicitó formalmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco la asignación urgente de un subsidio económico, a través de una modificación al Presupuesto 2025 del gobierno de Jalisco, que le permita saldar deudas y mantener sus actividades esenciales.
En un documento presentado el 18 de julio de 2025, el representante legal de la asociación, Edgar Rodolfo Gutiérrez Veloz, detalló la situación crítica que enfrenta la organización. Actualmente adeudan aproximadamente 20 mil pesos al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) por servicios de agua y otros 40 mil pesos a terceros por servicios y asesorías. Además, requieren al menos 25 mil pesos mensuales para cubrir sus gastos operativos básicos.
En 2012 el Congreso de Jalisco aprobó un exhorto al Ayuntamiento de Guadalajara y al gobierno del Estado para garantizar un subsidio a la organización; no obstante, desde entonces las autoridades han sido omisas, recuerda el documento.
La petición actual solicita ampliar la partida presupuestal 4416 “Ayuda para el Bienestar de los Jaliscienses” del Presupuesto de Egresos 2025 del gobierno de Jalisco, lo cual, añade el texto, sería posible debido a que dicha partida es de ampliación automática.
La organización apela a la sensibilidad de las y los legisladores para garantizar la continuidad de sus actividades, fundamentales para la inclusión y bienestar de las personas con discapacidad visual en Jalisco.
A partir de un comodato otorgado por el entonces gobernador Flavio Romero de Velasco, la asociación ocupa desde 1980 un inmueble en la calle Belén 457, en el Centro de Guadalajara, en donde realizan actividades educativas, culturales y de atención directa a personas invidentes. Entre sus programas destacan clases de braille, computación, inglés, movilidad con bastón blanco, masajes, eventos culturales, comedor y albergue temporal, además de talleres para la autosuficiencia.
El 23 de abril, la organización retomó pacíficamente el inmueble referido luego de que por meses le fuera despojado. Entonces anunció que tomaría acciones legales y solicitaría medidas de protección ante el desalojo que calificó de injustificado.
Luego de ese hecho, el Congreso local avaló un exhorto en el que le pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) vigilar y emitir medidas cautelares a favor de las y los integrantes de la organización, pero ayer ésta denunció que la defensoría ha actuado con insuficiencia.
“La más dolorosa de las discriminaciones es la que viene de los servidores públicos que están para protegernos”, advirtió el abogado José Antonio García, representante legal de la organización.
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