Allegados a empresas, funcionarios del Siapa

Al menos dos funcionarios con cargos directivos en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y que forman parte del equipo del director de la institución, Antonio Juárez Trueba, tienen relación con empresas vinculadas a contratos o beneficiadas por el organismo.

Uno de los funcionarios es Gerardo Zapata Mijangos, vinculado a empresas inmobiliarias, en particular Grupo San Carlos, y quien fue designado como director financiero del Siapa. Tiene con un salario mensual bruto de 66 mil 872 pesos.

Según su currículum, publicado en la página web del Siapa, Zapata Mijangos trabajó de 2004 a 2008 como responsable de la dirección comercial de Grupo San Carlos Desarrollos Urbanos. En la descripción de sus resultados en esta empresa señala que “consolidamos el más alto índice del mercado de cierres de venta gracias a recomendaciones de compra por parte de clientes que conocen nuestro producto y servicios”.

Grupo San Carlos es la constructora de los departamentos en lo que fue el Club Chivas San Rafael, en las inmediaciones del parque del mismo nombre. Vecinos de la zona, que se oponen a la construcción del complejo de edificios, han denunciado de manera reiterada que las obras que la administración anterior del Siapa realizó en el parque son para beneficiar a ese desarrollo inmobiliario.

La construcción de edificios fue suspendida en 2019 por órdenes de un juez, pero la empresa logró reactivarlas; sin embargo, sólo se ha construido uno de los 13 edificios proyectados.

Además, en junio de 2019 el Siapa utilizó la fuerza pública para quedarse con un predio en Santa María Tequepexpan, en San Pedro Tlaquepaque, del cual un ciudadano tenía la posesión en los 38 años previos. Esto ocurrió después de que el propietario, Antonio Delgadillo Mora, se negara unas semanas antes a vender el inmueble a Grupo San Carlos, que construyó vivienda en los terrenos aledaños. Los hechos fueron denunciados penalmente.

Después de laborar para Grupo San Carlos, Zapata Mijangos trabajó en 2011 en otra empresa también vinculada al desarrollo de vivienda: Grupo Inmobiliario EGC. Al siguiente año se incorporó como director de una empresa, donde se hizo cargo del “análisis, diseño, estrategia y ejecución hacia resultados tangibles y sustanciales en diversos sectores económicos”, según describe en su currículum.

El otro funcionario señalado por tener intereses privados es Leonardo Daniel Pedroza Ascencio, quien es subdirector de la Unidad de Determinación de Ejecución Fiscal y Fiscalización, y tiene un salario mensual bruto de 42 mil 132 pesos.

Pedroza Ascencio fue representante en licitaciones con dependencias de gobierno de la empresa AH Representaciones, SA de CV. Esto consta al menos en la firma del acta de apertura de una licitación de servicios para evaluar programas del Ayuntamiento de Guadalajara, del 7 de septiembre de 2023; sin embargo, el funcionario no menciona este trabajo en la experiencia laboral de su currículum.

Además, la empresa recibió al menos tres contratos del Siapa en la pasada administración. En 2020 fue contratada para la actualización del padrón de usuarios con un contrato de 45 millones 225 mil 500 pesos. Al año siguiente le fue asignado el servicio de “consultoría con grado de especialización en asesoría integral en materia fiscal”, por 7.7 millones de pesos (mdp), y en 2022, en un contrato también del mismo monto, el servicio de asesoría integral en materia fiscal.

Organismo, sin argumentos para un nuevo ‘tarifazo’: observatorio

El Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad se sumó a las voces en rechazo al tarifazo que avaló la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) de cara a 2026.

A través de un pronunciamiento, el organismo refirió que el Siapa no tiene argumento alguno para solicitar un nuevo incremento a la tarifa, pues no presta un servicio de calidad y no es transparente en cómo usa sus recursos.

“Hemos tomado conocimiento de las proyecciones y argumentos presentados por el Siapa para justificar este incremento, los cuales, desde nuestra perspectiva, resultan insuficientes, carentes de una verdadera transparencia y, lo que es más grave, atentan contra el derecho humano al agua y al saneamiento”, describe.

El observatorio enumeró cinco elementos del porqué consideran que un nuevo incremento sería inaceptable. Entre estos incluyeron que no hay transparencia en la justificación para solicitar un aumento de entre 44 y 200 por ciento por metro cúbico suministrado, que sería un impacto desproporcionado a la economía familiar y que la calidad del servicio es deficiente e irregular.

También señaló la falta de un proceso real de participación ciudadana y la persistencia de corrupción en el organismo.

Ante la pretensión de la Comisión Tarifaria, el observatorio exigió a las autoridades no avalar el nuevo tarifazo para 2026; abrir un diálogo genuino y público; presentar un plan detallado y con metas claras de inversión en infraestructura; implementar mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas, así como enfocar cualquier acción en garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Lauro Rodríguez 

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