Censura judicializada

En redes sociales circuló un video del US Open donde un tenista se acercó a las gradas para regalar su gorra a un niño. Un empresario polaco y director ejecutivo de una compañía de pavimentación, Piotr Szczerek, le arrebató la gorra al niño y la guardó en su bolso. Esto motivó que fuera copiosamente insultado en redes. Su respuesta fue: “… insultar a una figura pública está sujeto a responsabilidad legal. Todos los comentarios ofensivos, difamaciones e insinuaciones serán analizados para evaluar la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales”.

A escala internacional, al igual que en México, la censura no se impone únicamente con amenazas o balas: hoy se hace desde los tribunales. Las “demandas estratégicas contra la participación pública” (SLAPP, por sus siglas en inglés) se han convertido en un arma de políticos, grupos de poder y corporaciones para intimidar, desgastar y silenciar a periodistas, activistas y ciudadanos críticos. Con ello, en nuestro país el miedo no solo proviene de la violencia directa, sino del acecho judicial.

En el reporte de ARTICLE19, Las leyes como mecanismo de censura, se informa que de enero a julio de 2025 se documentaron 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación, superando ya el total de cualquier año previo. Veracruz, Ciudad de México y Jalisco son las entidades con mayor incidencia. De estos casos, 50.98 por ciento se iniciaron mediante vías electorales, seguidos por penales (27.45) y civiles (21.57).

Los ejemplos se multiplican: en Chihuahua, la abogada y jueza Silvia Delgado García denunció a 14 medios y al abogado Miguel Alfonso Meza por violencia política de género, luego de críticas a su candidatura. En Tamaulipas, el periodista Héctor de Mauleón fue objeto de una demanda por violencia política de género y calumnia ante el Instituto Electoral local, tras haber cuestionado públicamente vínculos políticos. Se le requería dejar de publicar al respecto.

En Puebla se aprobó una reforma (ley mordaza) que tipifica como delito el insulto o agravio en redes sociales, con penas de hasta tres años. Su redacción ambigua genera preocupación sobre cómo podría criminalizar la crítica política legítima. En abril de este año, el gobierno federal promovió una reforma que permitiría bloquear sitios web y redes sociales sin orden judicial, otorgando amplio control discrecional a una agencia estatal: es un proyecto de ley federal de telecomunicaciones con riesgo de censura.

En Campeche, el periodista Jorge González fue demandado por “delito de odio” por la gobernadora Layda Sansores, fue impedido de ejercer periodismo y se ordenó el cierre de su medio por dos años. Esto se puede calificar como un precedente preocupante sobre restricción gubernamental a medios críticos.

Estas acciones apuntan a una deriva autoritaria del Estado mexicano, entendida como un proceso gradual de erosión de las libertades públicas y del pluralismo democrático. La instrumentalización de la ley, el debilitamiento institucional, la censura tecnológica y la persecución judicial configuran un patrón que erosiona el Estado de derecho y limita el debate público, pilares esenciales de una democracia funcional.

X: @Ismaelortizbarb

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