Decepción

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez entregó, este 20 de mayo, el documento De la esperanza a la decepción. Una década del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el que evidencia profundas deficiencias estructurales y operativas tanto a nivel federal como en las comisiones estatales de la materia.

Uno de los ejes centrales del informe es que, pese a estar en funcionamiento legal, el mecanismo no ha logrado consolidarse como un sistema operativo real debido a factores como la falta de homologación en los registros estatales, la escasa coordinación entre los órdenes de gobierno, la insuficiente asignación presupuestal y la baja capacidad operativa de las instituciones responsables de atender a las víctimas.

Además, se expone que la mayoría de las comisiones estatales no pueden acreditar reparaciones efectivas ni reportan acciones en medidas integrales como la restitución, rehabilitación, satisfacción o garantías de no repetición.

Aunque la ley general estableció mecanismos como el Registro Nacional de Víctimas o los fondos para ayuda y la asesoría jurídica, suelen operar de forma deficiente, incompleta o descoordinada.

Sobre los datos de Jalisco, aunque fue uno de los primeros estados en emitir una ley de atención a víctimas, su operación institucional sigue mostrando vacíos e inconsistencias. La legislación local fue publicada el 27 de febrero de 2014 y su última reforma ocurrió en julio de 2023.

En el papel, el andamiaje jurídico contempla la existencia de un Sistema Estatal de Atención a Víctimas, una Comisión Ejecutiva Estatal, un Registro Estatal, un fondo económico para ayuda y reparación integral, así como un servicio de asesoría jurídica.

Sin embargo, al revisar la operación, las cifras disponibles no revelan mucho. Simplemente el sistema de Jalisco solo ha sesionado una ocasión, el 27 de mayo de 2015, como lo señaló este jueves mi compañero Lauro Rodríguez. Una vez en casi 10 años.

Un apartado del informe elaborado por el Centro Prodh indica que el estado tiene, hasta 2024, un total de 6 mil 806 víctimas en su registro estatal, así como que mil 840 víctimas fueron anotadas mediante este.

Respecto a las reparaciones integrales, la entidad destaca por tener uno de los números más altos a nivel nacional: mil 7 víctimas habrían recibido algún tipo de medida de reparación a 2022. Pero el informe subraya que no hay información disponible sobre cuántas reparaciones corresponden a acciones concretas como restitución, rehabilitación, satisfacción o garantías de no repetición. Aunque la cifra parece alentadora, no existen elementos para evaluar si fueron adecuadas, proporcionales ni transformadoras.

Asimismo, la asesoría jurídica parece operar con recursos limitados: se informa que hay únicamente tres asesores (hombres) atendiendo casos, sin mayor detalle sobre su carga de trabajo, número de víctimas representadas o capacidad de respuesta.

Además, el número de personas servidoras públicas adscritas a las instituciones locales de atención a víctimas, a 2024, son 92.

En conjunto, Jalisco mantiene vigente su Ley de Atención a Víctimas y reporta cifras que podrían sugerir avances, pero al contrastarlas con las exigencias de la ley general y con los estándares internacionales, lo que sobresale es la falta de información desglosada, la opacidad en el uso de fondos públicos y la ausencia de indicadores que permitan evaluar el impacto real en la vida de las personas.

De las víctimas.

X: @perlavelasco

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